Familiares y amigos del presidente Macri blanquean dinero no declarado.

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Si definimos discordia como una “situación en la que hay falta de acuerdo o conformidad entre personas que a menudo conviven o se relacionan de algún modo”, podría decirse que una de las más profundas y graves suscitadas en la Famiglia Macri fue la decisión de Mauricio de postularse a la presidencia de la Nación.

Si bien las relaciones familiares no volvieron a ser las mismas desde el ingreso de Mauricio a la política – a través de su gestión como presidente del club Boca Juniors iniciada en 1995 – el entorno acaso subestimó las posibilidades de un ascenso in extremis. La candidatura de Mauricio a la presidencia de la Nación, después de dos gestiones como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2007-2015), planteó nuevas fronteras dentro de la Famiglia. No había necesidad de sumergirse en los pasillos estatales donde estallaría un sinnúmero de conflictos de intereses y saldrían a la luz no pocas de las maniobras fraudulentas de tantos años empresariales. Pero Mauricio, en su afán, enfrentó a su padre.

El Correo Argentino, la empresa Avianca, la empresa Iecsa, las sociedades con Odebrecht, las autopistas, las licitaciones de Caputo Constructora y tantos otros casos de corrupción que involucran el apellido Macri salieron a la luz, incluso internacional. 

Asumido en el cargo el 10 de diciembre de 2015, el entorno presidencial de Macri nunca imaginó el estallido del escándalo Panamá Papers. Sí, acaso, la Famiglia.

Así, el blanqueo de capitales de 2016 fue la respuesta oficial a la publicación de los Panama Papers, que revelaron la existencia de empresas del presidente en guaridas fiscales, que no habían sido declaradas bajo juramento a las autoridades tributarias.

Las ideas pergeñadas desde el entorno presidencial de Macri para llevar a cabo el “blanqueo” (del dinero negro) plantearon una sucesión de maniobras tendientes a invisibilizar y/o tergiversar lo hecho ante los ojos de todo el mundo (con la persistente ayuda de las empresas mediáticas cogobernantes). La Famiglia comprometida…

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1. El 22 de julio de 2016 sale publicada en el Boletín Oficial la Ley 27260 bajo el título “Programa Nacional de Reparación Histórica para jubilados y pensionados”. Se trata de una ley que incluye 97 artículos más 2 anexos y se divide en 2 Libros llevando la ley publicada el título del primero de ellos: “… Reparación Histórica…”
Esta segmentación en Libros de las leyes permite velar a la sombra de un primer título las palabras del segundo y sucesivos Libros. En este caso el título del Libro II es “Régimen de Sinceramiento Fiscal” y se lleva 62 artículos, es decir las dos terceras partes de una ley publicada en nombre de los jubilados y que sólo se conoció como “ley de blanqueo” en sitios jurídicos e interesados mientras las empresas mediáticas ampliaban la cobertura de una “Reparación Histórica” entre un batería persistente de spots publicitarios solventados por el gobierno.

2. El proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo permitía que ingresaran al blanqueo gobernadores, intendentes, jueces, legisladores y familiares de todos los funcionarios. Pero después de una gran polémica surgida de las críticas de expertos anticorrupción, políticos oficialistas y opositores, la ley aprobada por el Senado excluyó del blanqueo a “los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados” de quienes hayan ocupado los principales cargos de los tres poderes nacionales, provinciales y municipales desde enero de 2010 hasta la fecha.
Esta medida fue impulsada en clara alusión a Franco Macri, “padre” de Mauricio y de las decenas de cuentas off shore que salieron a la luz. Con todo, el artículo 83 de la ley aprobada (27260) extiende la prohibición a “cónyuges, padres e hijos menores emancipados”, una enumeración que deja libre a, por ejemplo, hermanos, primos, sobrinos, tíos, nietos e hijos mayores de edad.

3. Los deseos presidenciales y acaso las necesidades de la Famiglia no estaban del todo contemplados en la ley, con lo que tiempo después, el 29 de noviembre de 2016, se publicó el decreto 1206/2016 a través del que se oficializó la medida que permite blanquear a parientes que justifiquen bienes adquiridos antes de haber llegado a la función pública. En otras palabras: por decreto, Macri abrió el blanqueo a familiares de funcionarios (artículo 6), algo bien diferente a los blanqueos dispuestos bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (2008 y 2013) que prohibían estos beneficios fiscales a los familiares más cercanos de los funcionarios, sin siquiera permitir la distinción de cuándo habían incorporado esos bienes.

4. A través de su abogado representante, el diputado nacional Felipe Solá presentó amparos para que se declare la inconstitucionalidad y suspender la aplicación del decreto 1206/2016 pero fueron rechazados en dos oportunidades. En febrero de 2017 por el juez en lo contencioso administrativo federal Ernesto Marinelli y en marzo de 2017 por la jueza en lo contencioso administrativo federal María Biotti.
El diputado Solá presentó el amparo pidiendo la inconstitucionalidad de la norma al entender que viola una ley nacional, de jerarquía superior a un decreto, y el principio de la división de poderes pero la jueza Biotti ni siquiera analizó la inconstitucionalidad del texto sino que consideró que Solá no tenía legitimación para efectuar el reclamo al sostener que “no se advierte la existencia de caso o causa judicial – en los términos de los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional- por cuanto el aquí amparista no se encuentra legitimado a fin de solicitar la declaración de inconstitucionalidad”.
Antes se había pronunciado en el mismo sentido el fiscal Fabián Canda que sostuvo que “la mera condición de ciudadano y de legislador” no le otorgan (al diputado Solá) legitimación suficiente para solicitar ante la Justicia la declaración de inconstitucionalidad de una norma que no le agravia de manera expresa y concreta”.

5. La ley (27260) protege con los dos años de prisión del artículo 157 del Código Penal “el más absoluto secreto” de toda la información obtenida (artículo 87). La obligación de guardarlo no comprende sólo a los funcionarios intervinientes sino a cualquier tercero que divulgue o reproduzca “documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales” de los blanqueadores. A la prisión añade “una multa igual a una vez el valor de los bienes exteriorizados”. Pero alguien violó el artículo y los nombres de los blanqueadores también salieron a la luz.

ring of corruption

6. Entonces el periodista Horacio Verbitsky publicó en el diario Página 12 (27.08.2017) que “Familiares, amigos y asociados del presidente, de su jefe de gabinete y de su secretario Legal y Técnico ocupan lugares destacados en la lista de personas que se acogieron al blanqueo de bienes no declarados. Entre ellos figuran el hermano y socio presidencial, Gianfranco Macri, el primo del jefe de gabinete de ministros, Alejandro Jaime Peña Braun; el socio y amigo de Macri, Nicolás Caputo; el emprendedor Marcelo Mindlin, quien el mes pasado anunció que compraba la constructora de la familia presidencial, hasta entonces en manos del primo Ángelo Testaferra y un cuñado del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín.
A la cabeza de esa nómina de allegados figura Mindlin, quien blanqueó bienes por 770 millones de pesos, equivalentes a 44 millones de dólares, una suma homóloga a la que trascendió que habría pagado por la constructora de los Macrì: entre 40 y 50 millones. Lo sigue Gianfranco Macrì, con 622 millones de pesos, o 35,5 millones de dólares. Gianfranco integra los directorios de varias empresas familiares. Nicky Caputo, a quien Macrì describe como hermano de la vida, socio en la primera empresa que inició aparte del holding familiar (Mirgor, fabricante de aire acondicionado para automotores), testigo de su última boda y asesor de facto de la presidencia, blanqueó 465 millones de pesos, o 26,5 millones de dólares. La fortuna de Caputo creció como contratista de obras públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el gobierno de Macrì y de la Nación desde que asumió la presidencia (con otra empresa que no lleva su nombre, para simular que se cumple la promesa de ambos de que no volvería a contratar con el Estado. Intentaron engañar a la aliada revoltosa Elisa Carrió, que exigió excluir a los contratistas del blanqueo, pero no les preocupó que los viera toda la sociedad, que es más incrédula). Alejandro Jaime Peña Braun, primo del jefe de gabinete, blanqueó 109 millones de pesos, o 6,2 millones de dólares. El secretario Legal y Técnico de la presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín, es una pieza fundamental del universo macrista. Compañero de Macrì desde la primaria, abogado y directivo de SOCMA, no sólo es el último filtro antes de la firma presidencial. También fue quien organizó el fideicomiso opaco, a cuyo frente quedó José María Fernández Ferrari, el socio del escribano general del gobierno, Carlos D’Alessio, quien renunció a ese cargo para ocultar el conflicto de intereses. Clusellas Zorraquín tiene cinco hermanos. La mayor, Susana, está casada con Manuel Lucio Torino Ortíz, quien blanqueó 353 millones de pesos, equivalentes a 20,1 millones de dólares. Además, Pablo Clusellas Zorraquín es revisor de cuentas del Buenos Aires Golf Club, que preside Gianfranco Macri.”

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